Tras superar todas las pruebas para ser bombero en Catalunya, a Nicolás le suspendieron en la evaluación psicológica. Cuando preguntó el porqué, no obtuvo una respuesta concreta. Tampoco figuraban en el expediente los criterios de evaluación seguidos por el tribunal en esa prueba. Cuando acudió a la Justicia, la Generalitat aportó finalmente esos criterios de evaluación: los había pactado en una reunión posterior a su examen.

A Alfonso le negaron la plaza por tener el colesterol alto, también tras haber superado todas las demás pruebas. En ningún punto de las bases de la convocatoria señalaba que eso podía suponer un motivo para descartarlo. Su volumen de colesterol, además, no era incompatible con la función de bombero según los criterios del departamento de Salud de la propia Generalitat. 

Ambos fueron admitidos en el cuerpo de Bomberos tras sendas batallas legales. Acabaron cobrando de golpe todos los salarios de varios años –decenas de miles de euros más los intereses– que les debía la Generalitat sin haber trabajado una sola hora.

Situaciones similares se repiten en decenas de casos y sentencias de los juzgados contenciosos administrativos a las que ha tenido acceso elDiario.es. Los fallos demuestran el descontrol y la arbitrariedad tanto en las oposiciones a bomberos como en los ascensos dentro de la organización. 

Este periódico también ha obtenido los datos oficiales de todos los procesos que ha perdido la Generalitat entre 2013 y 2021 en los juzgados. Son más de 50 sentencias y todavía hay decenas de casos pendientes de resolverse. Aparte de los fallos judiciales también se han revisado actas de reuniones, otros documentos oficiales y se ha entrevistado a media docena de bomberos. Algunos son afectados por estas arbitrariedades y tres de ellos forman parte o han estado durante años en los tribunales que evalúan a los candidatos. 

Dos millones en indemnizaciones

Solo en los últimos nueve años, la dirección general de prevención, extinción de incendios y salvamentos de la Generalitat ha gastado más de 5,7 millones de euros en casos perdidos en los tribunales, incluyendo las costas. De este dinero, casi dos millones de euros corresponden a indemnizaciones a candidatos a las oposiciones descartados de manera arbitraria, según los datos obtenidos por esta redacción. 

De la investigación se desprende que en muchas ocasiones no se siguen debidamente los procedimientos legales. Hay decenas de casos de candidatos que superan todas las pruebas y son eliminados al hacer la entrevista final sin que se les justifique el motivo. Otros son descartados por motivos médicos con justificaciones vagas y sin concreción. También hay casos en los que algún miembro del tribunal denuncia irregularidades, pero después esas denuncias desaparecen de las actas oficiales.

Algunos sindicatos, como UGT, han dejado de participar en los tribunales ante las “irregularidades” que veían en las deliberaciones. “Nuestro votos particulares no iban a ningún lado, muchas veces desaparecían de las actas”, asegura Antonio del Río, delegado de este sindicato en el cuerpo catalán de bomberos.

Las sentencias revisadas, emitidas tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como por el Tribunal Supremo, abordan casos en los que según la Justicia ha habido situaciones de “opacidad inaceptable”, “falta de motivación en las respuestas” o “irregularidades manifiestas”, por citar solo algunas de las expresiones que se repiten en las resoluciones. 

“El principal problema es que desde hace muchos años se trabaja de una manera que no se ajusta a los procedimientos legales”, sostiene un bombero que solicita el anonimato porque forma parte de los tribunales en los que se valora a los aspirantes a entrar en el cuerpo y a los candidatos a un ascenso. “Tienen presión de tiempo, poco personal y se saltan la normativa constantemente”.

“La arbitrariedad es brutal”, opina Del Río, que también apunta a una falta de recursos y al hecho de que el departamento responsable de la selección del personal apenas se ha renovado en décadas. “Al final todo se traduce en un descrédito del cuerpo y en un coste muy alto para las arcas públicas que se podría invertir en los bomberos”.

Los bomberos consultados señalan el test psicológico, que realiza una empresa subcontratada, como uno de los principales focos de arbitrariedad. “Es un filtro que tienen para tumbar a quién no les gusta”, apunta otro bombero. Otros aspirantes consultados aseguran que la mayoría acaba contratando psicólogos solo para que les enseñen a superar ese test de una manera determinada que impide que les puedan descartar arbitrariamente. 

Advertencias ignoradas

La falta de seguimiento de los protocolos no se limita a estas pruebas psicológicas o a pasadas convocatorias. Sigue sucediendo a día de hoy. El pasado abril, en un tribunal para seleccionar nuevos caporales, uno de los miembros se quejó de que no se estaba siguiendo el procedimiento legal: se permitía votar tanto a los vocales como a los suplentes del tribunal, en contra de lo que dice la normativa. 

Según el acta de este día, al que ha tenido acceso elDiario.es, el representante de la Escuela de Administración Pública catalana en el tribunal se manifestó en el mismo sentido y advirtió de que esa forma de actuar podría invalidar todo el procedimiento y poner en riesgo la convocatoria entera. 

“Se decidió que se seguiría procediendo de manera irregular para agilizar el procedimiento”, asegura el voto particular de ese miembro, que figura en el acta oficial, “ya que actuar conforme a la normativa podía suponer la ralentización de toda la convocatoria y se asumía el riesgo de invalidar todo el proceso ante una reclamación judicial”.

Episodios como este han sido descritos en múltiples ocasiones por parte de los bomberos que han participado en los tribunales. “La administración sabe que reclamar es un proceso muy largo que no todos están dispuestos a asumir”, sostiene un mando intermedio que ha estado en varios procesos. “Juegan al desgaste, ellos tienen todo el tiempo del mundo y por eso se permiten actuar como les da la gana”.

Al preguntar a los Bomberos de la Generalitat por las irregularidades descritas en este reportaje, se han limitado a señalar que el cuerpo tiene cuatro “contenciosos” en los que se han estimado “parcialmente” las demandas de los interesados respecto a las pruebas psicológicas y tres sentencias donde se han estimado totalmente las alegaciones a las pruebas médicas de acceso. Añaden que en más de una veintena de casos se han desestimado estas alegaciones y que hay 25 procedimientos pendientes ante el TSJC.

Bomberos de la Generalitat no ha querido responder ninguna pregunta, hacer ninguna valoración de la situación ni precisar a partir de qué año se realiza el recuento de casos que ha facilitado, que no concuerda con los datos oficiales obtenidos por elDiario.es a través de una petición de transparencia. 

Los bomberos entrevistados aseguran que entre los miembros del cuerpo la situación es conocida por todos y la mayoría se lo toma con resignación. Hay una broma interna que circula en algunos grupos: la del Ferrari. 

“Siempre que alguien suspende de manera arbitraria le decimos lo mismo: no te preocupes que te podrás comprar un Ferrari”, explica uno de ellos. “Nos referimos a que, al cabo de cinco o seis años, cuando acabe ganando el caso ante la justicia, le pagarán tanto dinero de golpe que se podrá comprar uno”.