Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Los asentamientos irregulares que aparecen a lo largo y ancho del jarillón del río Cauca, son la clara expresión de la precariedad del Estado local que, históricamente, fue incapaz de dar solución definitiva a un proceso de poblamiento, que jamás se debió permitir sobre el talud.
El primer error que han cometido disímiles administraciones locales, incluyendo las dos de Rodrigo Guerrero Velasco, está en pensar que los orígenes de los asentamientos responden a una misma dinámica: todos son invasores. El caso del asentamiento Los Samanes del Cauca es el claro ejemplo de que su nacimiento se dio gracias a decisiones de funcionarios de la CVC. Es decir, que una institución pública facilitó el inicio de un proceso de ocupación del talud, por lo tanto, no se puede hablar en general de invasores. Y allí, el Estado local debe asumir su responsabilidad.
El segundo error, consecuencia del primero, llevó a la Alcaldía de Cali a representarse y a tratar a los pobladores del jarillón, como invasores. Con la ayuda de la prensa local, las autoridades le vienen dando a las múltiples problemáticas y realidades que se extienden por el talud, un tratamiento policivo, que deviene en el uso indiscriminado e inconsciente de la categoría invasor, sobre la que se sostienen constantes amenazas de desalojo y de enfrentamientos con el ESMAD.
El tercer error en el que ha incurrido históricamente la Administración local está en pensar que las circunstancias contextuales que se palpan en el jarillón, son las mismas. Es decir, que el jarillón es uno solo y es, un único problema. No es así. A lo largo y ancho del talud se encuentran procesos de reinvidicación étnica de comunidades negras y campesinas que de tiempo atrás han construido una relación consustancial con el río Cauca, del que dependen, su subsistencia y vida cultural. Hay pobladores con vocación agrícola y comercial, que les asegura condiciones de auto sostenibilidad que una Administración no puede desconocer, en el momento de proponer soluciones de traslado negociado con las comunidades o, desalojo, por la vía del uso de la fuerza.
El cuarto error en el que caen las élites y el Estado local, como orden político, está en el tipo de soluciones dadas a varias comunidades que han “pactado” o “negociado” la reubicación del jarillón, hacia zonas más “seguras”, desde el criterio técnico que advierte sobre los peligros e inconvenientes de vivir encima del talud. Las soluciones de vivienda, como las Potrero Grande, únicamente han servido para saciar los apetitos presupuestales de Comfandi, ente que ejecutó el proyecto habitacional. Allí, sin previo análisis sociológico, arrumaron disímiles realidades culturales, lo que ha generado múltiples conflictos en la convivencia, a lo que se suman precarias condiciones de vida, y seguridad en el barrio Potrero Grande.
Sin considerar las formas de vida de las comunidades asentadas en el jarillón, los constructores pretenden que los ciudadanos reubicados, abandonen prácticas agrícolas y formas de vida semi rurales autosostenibles, a cambio de vivir en diminutos apartamentos que constituyen, sin duda, un ejercicio de violencia simbólica contra gente pobre, desplazados y grupos étnicos sobre los cuales recaen una vieja animosidad étnica.
Para el caso concreto de Potrero Grande, sus pobladores denuncian que el Estado local los engañó. Pasaron de ser comunidades auto sostenibles que vivían en espacios verdes, a “propietarios” de unos predios en los cuales viven hacinados, a lo que se suma, el pago de servicios públicos deficitarios y el impuesto predial. Es decir, un proceso de sometimiento a unas condiciones socio ambientales y económicas, que hacen imposible vivir en condiciones dignas de vida.
Es claro que sobre el jarillón jamás debió permitirse asentamiento alguno. Y ello es responsabilidad directa del Estado y de sus autoridades. El discurso mediático y político señala, por el contrario, a las comunidades como únicas responsables de esa situación. Y no es así.
La solución al poblamiento irregular del talud que protege a un sector de la ciudad, que estaría en riesgo de inundación, debe darse teniendo en cuenta y respetando derechos adquiridos por las comunidades allí asentadas. Así, la Administración Local debe evitarprivatizar las soluciones, en especial cuando se insiste en construir apartamentos diminutos, para quienes viven en condiciones ambientales que jamás intentan siquiera reproducir quienes lideran proyectos urbanísticos como el de Potrero Grande, que sin duda, es todo un ejercicio de violencia simbólica contra comunidades campesinas y afrocolombianas, violentadas por actores armados que los obligaron a desplazarse hacia la capital del Valle. 
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