La ex subjefa de los bomberos de Miami que actualmente cumple una sentencia en una prisión federal por fraude hipotecario mantendrá su pensión de $167,000 al año.

El viernes por la mañana, el Consejo Directivo del Fondo del Retiro para los Bomberos y Policía de Miami decidió que Veldora Arthur no se aprovechó de su cargo para estafar al público, por lo cual no las leyes estatales de confiscación no la afectaban.

“Ella actuó en su capacidad privada para llenar y entregar las solicitudes en un intento de obtener fondos de los bancos”, afirmó Alison S. Bieler, una abogada del Fondo, quien sugirió que el Consejo no inicie un proceso formal para confiscar la pensión. “No significa que no es algo incorrecto, inmoral, o que no puedes terminar en la cárcel; pero no existe una conexión con su trabajo”.

Durante la audiencia de 45 minutos, Al Cotera, un miembro del Concejo, preguntó si Arthur hubiera podido obtener los préstamos de haber trabajado como vendedora de perros calientes y no como bombera.

“En esas solicitudes que llenó, ¿indicó que era bombera de la Ciudad de Miami?”, preguntó Cotera.

Arthur ofreció información sobre su trabajo y su sueldo en el Departamento de Bomberos en las solicitudes, según evidencia del caso. De hecho, en dos solicitudes indicó que ganaba un sueldo exagerado de $16,400 al mes y que sólo trabajaba a tiempo parcial, lo cual es falso.

El abogado Stephen H. Cypen, quien también representa al Fondo, dijo que Arthur tuviera que haber defraudado al público o al departamento para que fueran aplicados los estatutos sobre confiscación.

“Esa ley fue concebida para prevenir que la gente robe a sus empleadores”, comentó.

El Consejo Directivo no tomó en cuenta evidencia de que Arthur utilizó el fax de la Ciudad para enviar varios documentos relacionados con préstamos hipotecarios. Cypen afirmó que, aunque no había visto los faxes, no cumplían el requisito de estafar al público.

Arthur fue arrestada en febrero del 2011 acusada de confabularse para comprar apartamentos de lujo en Aventura en el 2006 mediante información fraudulenta. Arthur recibió unos $317,000 a cambio de su información personal para comprar y refinanciar dos propiedades, las cuales permitió que entraran al proceso de ejecución hipotecaria.

Durante el juicio, Arthur declaró en su defensa que había firmado los documentos sin leerlos. Indicó que pensaba que los apartamentos eran una inversión y que fue cómplice en la estafa sin saberlo.

Sin embargo, la fiscalía federal señaló varios hechos que desmentían esa defensa. Por ejemplo, meses antes de participar en las transacciones, Arthur aprobó un examen estatal para agentes hipotecarios con una calificación de 86 de 100.

Presente en la audiencia del viernes estaba Lawrence R. Metsch, un abogado de Arthur, quien dijo que las convicciones de fraude y conspiración para cometer fraude no son aplicables bajo las leyes estatales de confiscación porque el público no fue la víctima. Por ejemplo, Arthur no fue convicta de robar fondos municipales.

“No hubo un intento de estafar al público; hubo un intento de estafar a los bancos”, comentó Metsch.

Sin embargo, Thomas Roell, un miembro del Consejo, estaba en desacuerdo con los comentarios de Metsch, vinculando el fraude hipotecario con la recesión actual.

“Nuestra economía entera colapsó debido a esto”, dijo Roell, el único miembro del Consejo que votó a favor de iniciar un proceso formal para confiscar la pensión. “No estoy de acuerdo con que se diga que el banco es la única víctima”.