Publicado el 01/09/2012 por Edgar Olguín
El Consejero Manuel Fuentes Muñiz pidió que se atiendan las demandas de bomberos
Boletín 322/2012
1 de septiembre de 2012

El Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Manuel Fuentes Muñiz expresó que "es condenable que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) use a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para intimidar a sus críticos y a quienes reclaman mejores condiciones de trabajo y entrega de equipos para el auxilio de la ciudadanía, como es el caso de 9 bomberos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal que se encuentran en un campamento del zócalo de la ciudad de México".

Explicó que el pasado 19 de julio, los bomberos FABIAN ROGELIO CORONA MENDOZA, JOSÉ PORFIRIO CORTES ALVARADO, ANTONIO CHÁVEZ HERNÁNDEZ, MANUEL ESCAMILLA PADILLA, MARCO ANTONIO FUENTES LEIJA, LUIS GERARDO PÉREZ SALDIVAR, JORGE ARTURO SOTO MUÑOZ, ANGEL EDGAR ZAVALA ALFONSO y CARLOS RODRIGUEZ GUTIERREZ protestaron pacíficamente frente a las oficinas del Jefe del GDF, razón por la que fueron acusados de haber bloqueado la calle 20 de Noviembre y la plaza de la Constitución.

Derivado de esas acciones, el licenciado Luis Eduardo Guerrero León, apoderado legal del GDF, se presentó a la Agencia Central de Investigaciones de la PGJDF realizando una denuncia por ataques a las vías de comunicación en contra de los bomberos que reclamaban la entrega de equipos en buenas condiciones para realizar su trabajo. Esta denuncia se hizo en la indagatoria ACI/T3/00150/12-06, precisó el consejero.

Agregó que con fecha 27 de agosto la PGJDF solicitó a un Juez en materia penal el ejercicio de la acción penal en contra de los 9 bomberos que llevaron a cabo esa protesta ante el Jefe de Gobierno el día 19 de julio acusándolos de "Ataques a las Vías de Comunicación agravado" solicitando se gire orden de aprehensión en contra de ellos.

El Consejero Manuel Fuentes señaló que es reprobable que sin existir pruebas en su contra y por realizar una protesta se solicite su consignación para que sean puestos en prisión ante un juez penal por realizar estos reclamos, además de haber sido despedidos de manera injustificada.

"Estas acciones no representan sino actos para criminalizar la protesta contra aquellos luchadores que disienten del GDF por lo que se reclama se atiendan sus demandas y cesen estas medidas en contra de ellos", finalizó