A finales de la pasada semana los miembros del Concejo Deliberante recibieron la visita de los integrantes de la Comisión Directiva y un representante de la jefatura del Cuerpo Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn.
Durante el plenario los servidores públicos expusieron a los ediles sobre la crítica situación en que quedarían en caso de ejecutarse el embargo, por más de un millón de pesos, al resultar condenada la institución por la muerte de un bombero en la tragedia del año 1994.
Junto a ello la comisión directiva planteó a los concejales que Puerto Madryn corre serios riesgos de quedarse sin cobertura de servicios contra incendios, en caso de ejecutarse el embargo de las cuentas por parte de los letrados que patrocinan a la familia del bombero mártir fallecido en el trágico día del 21 de enero de 1994.
Ante el estado de situación crítico que afrontan y las consecuencias que podría acarrear para toda la comunidad, los integrantes del Concejo Deliberante tomaron la determinación de avanzar en la sanción de ordenanza declarando al cuerpo de bomberos voluntarios en estado de emergencia. La misma será tratada y aprobada durante la próxima sesión del cuerpo, prevista para este jueves, y será una herramienta legal que permita generar un ámbito donde confluyan varios actores para buscar una solución al problema y que evite dejar a la ciudad portuaria sin un servicio esencial como es el brindado por los bomberos voluntarios.
La sanción de la ordenanza será el primer paso a dar, aunque los legisladores confían en poder mantener reuniones con actores de diferentes puntos de la sociedad portuaria a los fines de poder aunar criterios y fuerzas que posibiliten encontrar una solución.
Con el inicio de la semana, los representantes de la comunidad comenzarán a evaluar y analizar potenciales medidas que permitan solucionar el problema estructural que es hacer frente al pago del dinero a los familiares del bomberito, cifra que superaría el millón de pesos.
La idea sería lograr el acompañamiento del sector privado y de los organismos nacionales y provinciales, quienes deberían sumarse para tratar de hacer un fondo común como para palear el compromiso económico que surgió ante la resolución de la justicia por un fallo que no fue apelado por el entonces apoderado de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn.#
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